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| BEIJING MÁS 15: MÁS LUCES QUE SOMBRAS. Virginia Vargas |
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A Beijing, desde la región latinoamericana y caribeña, se llegó con un movimiento potente, articulado, políticamente orientado. Su contribución decisiva fue el haber posicionado el cumplimiento de la Plataforma de Acción para las Mujeres-PAM como un asunto de calificación y profundización de la democracia, al mismo tiempo que desarrolló capacidad de interpelación, diálogo y exigencia de rendición de cuentas, a los Estados y gobiernos. En este proceso y a lo largo de estos años, se han generado iniciativas múltiples, como observatorios, mesas de vigilancia, reportes sombras, Índice de compromiso cumplido. (Pero también) Han surgido nuevas redes y articulaciones, se han potenciado las previas, se han desarrollado Campañas específicas alrededor de algunas dimensiones de los derechos de las mujeres, también como forma de concretar la PAM (Campaña 28 de septiembre, por el aborto en América Latina, Campaña Interamericana por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos) y como forma de visibilizar y denunciar los riesgos crecientes que amenazan su cumplimiento (Campaña contra los Fundamentalismos). A su vez, los gobiernos han generado institucionalidad de género, mayor igualdad ante la ley, políticas de afirmación positiva, leyes contra la violencia doméstica, física y sexual; se ha logrado mayores equilibrios educacionales, y en disputa permanente con los poderes eclesiales y la burocracia estatal -en muy pocos países se ha logrado el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la capacidad de decidir sobre su cuerpo. Estos avances en las recomendaciones de la PAM han ampliado indudablemente el imaginario de posibilidades democráticas, pero no logra romper el círculo vicioso de la exclusión múltiple que viven las mujeres. II.
Qué pasó en estos 15 años Una constante en las evaluaciones sobre los avances en el cumplimiento de la PAM en Beijing +5 y Beijing +10, aportadas desde los feminismos latinoamericanos, vuelven a ser asombrosamente vigentes en Beijing +15: la evidencia que lo cumplido no ha sido mucho, ha sido desigual, parcial, fragmentado, sin sentido de acumulación ni de armonización entre las diferentes áreas criticas de la PAM. Llegamos a Beijing +15 en un contexto muy particular y poco prometedor para las mujeres en la región: con flagrantes retrocesos en la democracia, como en el caso de Honduras. Con un drama ético y político, como el de Haití, país que, paradigmáticamente, deslegitima aún más el pago de una deuda ilegitima que pretende ser pagada a costa de los derechos de la ciudadanía. Llegamos con un creciente militarismo, y con una ola crecientemente conservadora en los gobiernos, que ponen en cuestión no solo los derechos ciudadanos en general, también el carácter secular de los estados, en alianza con la jerarquía eclesiástica, para frenar el derecho de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Y llegamos constatando que aquello que creíamos irreversible, no lo es y puede fácilmente desvanecerse, como lo evidencia Nicaragua, cuyo gobierno eliminó la ley de aborto más antigua en la región. O el caso del Tribunal Constitucional de Perú que eliminó la ley aprobada tres años antes, que colocaba la píldora del día siguiente (anticoncepción oral de emergencia) como política de salud que beneficiaba a las mujeres más pobres. Avanzamos, en estos 15 años, en tono menor en todas las áreas, en todo lo relativo a una efectiva redistribución de poder y de recursos. Una de las que evidencia mayores avances es el área de participación política. Existen leyes y planes de igualdad, existen maquinarias de género en el estado, generalmente con pocos recursos y jerarquía menor, algunos gobiernos han asumido la paridad; hay más mujeres parlamentarias, más mujeres en cargos de decisión, por primera vez hay tres Presidentas mujeres en ejercicio en la región. Sin embargo, este mayor crecimiento, indudablemente importante, no ha tenido su corolario ni en equidad social ni en equidad entre mujeres y hombres (Portugal y Torres). Todo lo que obliga a hacernos la pregunta sobre si la lucha cuantitativa por la presencia es suficiente, o si la presencia es un medio para un fin: producir cambios en la ampliación de los horizontes democráticos, en las prioridades de la política (Phillips). Es necesario decir, sin embargo, que la región latinoamericana ha tenido sin duda una ventaja: el Plan de Acción Regional de la CEPAL (Unidad de la Mujer), instancia que ha favorecido una mayor institucionalización y ha estado permanentemente abierta a la opinión y capacidad de propuesta de la sociedad civil y los movimientos de mujeres y feministas. Llegamos también con las Metas del Milenio, que rebajan dramáticamente la vara conquistada en Beijing y que, a pesar de haber sido asumidas mucho más entusiastamente por los Estados -sin esforzarse en colocar la implementación de la PAM como requisito indispensable para su cumplimiento real- parecería que no se darán las condiciones reales para ser alcanzadas en el 2015. Todo esto nos coloca frente a una creciente y hasta ahora irresoluble y agudizada tensión entre democracia y desarrollo económico, entre los derechos de las ciudadanías y los intereses del mercado. La normatividad y las políticas públicas asumidas por los gobiernos dando cuenta de algunas recomendaciones de la PAM han sido formuladas en el marco del modelo capitalista neoliberal en la región, que ha consagrado el triunfo del mercado sobre la ciudadanía y de la economía sobre la política, que ha tendido a reforzar el proceso de privatización de la política y el alejamiento cada vez mayor de los intereses ciudadanos. El neoliberalismo no ha destruido la centralidad del Estado, sino que lo ha reorientado para servir mejor a los intereses del capital. Ha debilitado su rol de mediador de la conflictividad social y modificando el contenido de su accionar democrático y sus ámbitos de incidencia, al restarle capacidad y fuerza tanto para abordar y decidir sobre los asuntos macro, como para atender las preocupaciones vividas como centrales por la ciudadanía en su cotidianidad. Y ello ha generado democracias frágiles, con débil institucionalidad democrática, democracias de baja intensidad (Sousa Santos). En estas consideraciones, parecería que la participación “se tornó mucho más funcional para la legitimación de los gobiernos y canalizar los conflictos sociales, que para producir avances efectivos en las políticas públicas y en su efectivización en derechos” (ALOP, 2007). De allí que institucionalidad y prácticas novedosas y participativas, procesos de descentralización, mecanismos de fiscalización ciudadana, coexisten “(...) con una práctica política empobrecida, autocentrada y autoreferencial, de puertas adentro, incapaz de colocar en debate las restricciones y condicionamientos que la economía capitalista y la inserción de América Latina en la economía global le plantean a la democracia” (Celiberti 2004). Este creciente debilitamiento de la orientación social de los Estados, que han desplazado sus responsabilidades en este campo al mundo privado, ha impactado negativamente las condiciones de vida y los derechos ciudadanos de amplias mayorías de la población, y de forma especialmente grave en las mujeres: la privatización de lo social aumenta su carga de trabajo en lo doméstico puesto que deben suplir los servicios que el Estado ya no realiza, y ello sin lograr el reconocimiento de su aporte al trabajo reproductivo, a la economía del cuidado, función primaria y fundamental para la reproducción de la vida humana, y que hasta hoy sin embargo sigue siendo una de las dimensiones de inequidad flagrante entre mujeres y hombres y entre las mujeres y la sociedad. Y parecen ser invisibles en las políticas gubernamentales que pretenden asumir las recomendaciones de la PAM. De allí que para que las necesidades del cuidado no se conviertan en factor de desigualdad entre hombres y mujeres, es necesario integrar la ética del cuidado a la ética de la justicia” (Celiberti) En estos 15 años, el cumplimiento de la PAM por parte de los Estados tampoco ha logrado dar cuenta de la realidad pluriétnica, pluriclasista, multicultural de la región latina caribeña, Mas aún, el reconocimiento de la diversidad cultural, débilmente contemplada, comienza a ser una urgencia impostergable para el cumplimiento de la PAM para todas las mujeres. No hacerlo es desconocer la existencia de un sujeto mujer múltiple, diferenciado, racializado, sexuado, de características multiculturales y pluriétnicas. Esta lucha por su reconocimiento como sujetos sociales y políticos –una de las recomendaciones empoderadoras de la PAM- no parece haber impactado aún en las lógicas estatales. Y éste es un tremendo desafío político, ideológico y ético que se sustenta en una de las características más vitales de las ciudadanías: el ampliarse permanentemente a la luz de nuevos riesgos, nuevos derechos, nuevas sujetos y actores sociales, perfilando dimensiones ciudadanas retaceadas, ignoradas e invisibilizadas. Es el caso de la dimensión étnica de la ciudadanía, amenazada por el racismo y la creciente represión a las comunidades indígenas que defienden su territorio del daño ecológico y la expropiación de tierras que trae el capitalismo minero trasnacional; de la ciudadanía sexual, amenazada por la antidemocrática alianza entre la jerarquía eclesiástica y el poder político en un significativo número de países de la región; de la ciudadanía global, tan ignorada y amenazada por la xenofobia, por las políticas migratorias tendientes a beneficiarse de la mano de obra de los-las migrantes al mismo tiempo que restringe dramáticamente sus derechos, o levanta muros físicos y simbólicos contra el derecho al libre tránsito de personas. Y de la ciudadanía ecológica, absolutamente amenazada por el desprecio y la falta de ética de los estados poderosos frente a la destrucción del planeta en beneficio del capital. III. El nuevo momento Lo más dramático, sin embargo es que llegamos a Beijing +15 con una crisis exponencial, múltiple, especulativa, financiera, económica, ecológica. Y que, por su magnitud y multiplicidad, puede ser considerada como una crisis civilizatoria, provocando una profunda y creciente crítica a los devastadores impactos socioeconómicos del modelo hegemónico productivista, depredador, explotador, patriarcal y racista, y a su lógica de acumulación. Así como una crítica frente a las dimensiones de miseria de la vida cotidiana, a la deshumanización del mundo por la tecnocracia, a la pérdida de autonomía, al autoritarismo represivo de los poderes jerárquicos, a una concepción de democracia reducida a su expresión más primaria, la representación. Es una crítica que va alimentando una nueva subjetividad. Llegamos con la resistencia exacerbada de los gobiernos de responder a las urgencias de la justicia climática, como lo expresó la Cumbre reciente en Copenhague, al poner en evidencia la responsabilidad moral de los estados por responder global y efectivamente al calentamiento global, con el riesgo de perder lo poco avanzado en el protocolo de Kyoto. Y entonces no es posible, como pretenden los Estados, cumplir las recomendaciones de la PAM o incluso las Metas del Milenio, la pretendida erradicación de la pobreza, con un modelo de crecimiento económico que dé prioridad a las inversiones, a la extracción y destrucción de los recursos naturales, con el intento de controlar bienes comunes de la naturaleza, como el agua, o con la permanente violación de los derechos a la tierra y territorio de las comunidades, que en América Latina está destruyendo sus ecosistemas (como lo evidencia la concesión de crecientes lotizaciones petroleras, gasíferas y mineras). Todo ello, a su vez, está generando movilizaciones históricas. En todas estas luchas de defensa del medio ambiente, el territorio, la pluralidad cultural, hay una activa participación de las organizaciones de mujeres. Todas estas luchas tienen también cara de mujer. En estas condiciones, no es suficiente hablar solo de los avances de las mujeres en sí mismos, sino en conjunción con todas estas otras dimensiones, en un momento crucial en que nos enfrentamos al necesario y urgente cambio en la perspectiva de análisis y de un desarrollo humano, en armonía con la naturaleza. De allí la importancia de desarrollar nuevos marcos interpretativos y nuevas estrategias, que permitan transformar los malestares y demandas de las mujeres que las recomendaciones de la PAM iluminan, en propuestas políticas y constitutivas de una agenda democrática contracultural y civilizatoria, sustentada en las múltiples perspectivas y cosmovisiones que colocan los movimientos de las mujeres para el real cumplimiento de las recomendaciones de la PAM en perspectiva intercultural. En esta perspectiva, la democracia –sustento orientador de la PAM– va más allá de la incidencia en los espacios estatales, para asumirla también como cultura política que contribuye a generar nuevas voces y propuestas, desde las sociedades civiles para concretar la PAM también en las realidades concretas, cotidianas y públicas de las mujeres en su tremenda diversidad. Para ello, colocando la PAM como una herramienta poderosa y empoderadora de sujetos políticos y movimientos sociales, orientándose no solo al Estado, sino a la sociedad, buscando no solo presencia cuantitativa, sino cambios profundos en la cultura política y con claros mecanismos de participación en instancias de Naciones Unidas reformadas y en la nueva arquitectura de género.
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