Congreso pone en riesgo el apoyo internacional a comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil
El Congreso de la República ha sorprendido al agendar para esta semana la discusión en el Pleno de un dictamen que modifica las normas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Este dictamen, aprobado el 5 de junio de 2024 por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso sin debate previo, busca alterar la ley que regula la cooperación internacional y pretende sancionar a las organizaciones que se manifiesten en contra de las políticas del gobierno.
¿Cómo lo hace? El dictamen de los proyectos de ley 6162, 6252, 7140, 7367 y 7354 tiene como fin limitar y controlar las actividades de organizaciones ciudadanas de diversa índole. Entre estas se incluyen medios de comunicación alternativos, gremios, colectivos, ONG, y entidades como Eniex e Ipredas. La medida genera gran preocupación entre las y los defensores de derechos civiles, quienes ven una amenaza a la libertad de asociación y participación, y los dejan a merced de decisiones arbitrarias y discrecionales.
Para Javier Azpur, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), el dispositivo sugiere que los recursos internacionales carecen de transparencia, lo cual considera falso, ya que estas instituciones son supervisadas por entidades como la SUNAT, la SBS y la APCI. Además, advierte que los cambios propuestos por el Congreso podrían limitar la entrega de recursos de cooperación solidaria a la sociedad civil peruana, afectando las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
Ejemplo de ello es la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional en el Perú (COEECI), que ha dejado en claro su disposición a colaborar en la creación de un marco que garantice la transparencia y eficiencia en la cooperación internacional en el país. La preocupación de COEECI se centra en los posibles efectos negativos que el dictamen de la Ley APCI podría tener sobre la libertad de asociación y participación, pilares fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones de respaldo global.
Hamer Manihuari, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), señaló que el dictamen perjudicará gravemente a las organizaciones indígenas, que dependen de la cooperación para garantizar su seguridad jurídica y elevar sus demandas. Manihuari enfatiza que los pueblos no son ONG, pero la ayuda internacional ha sido crucial para su desarrollo.
Por su parte, Eusebio Vásquez Ayala, presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE Perú), subraya la importancia de la colaboración internacional para que los agricultores puedan combatir la inseguridad alimentaria, un desafío crucial para el país. Por tal motivo, Vásquez instó a los congresistas a reflexionar sobre el impacto del dictamen y a no desorganizar a la sociedad civil.
Por su parte, Liz Meléndez, representante de Las Lilas, expresó el rechazo de las organizaciones feministas y de derechos humanos hacia el proyecto, señalando que atenta contra la libertad de asociación de las organizaciones que se han mantenido vigilantes en materia de igualdad, denunciando las desigualdades y la violencia contra las mujeres. “Lamentablemente, los congresistas que impulsan la aprobación de este dictamen buscan perseguir, hostigar y amedrentar a las organizaciones que, con transparencia y compromiso, promovemos la democracia y los derechos humanos en nuestro país”, indicó.
Finalmente, el secretario general adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, manifestó su rechazo total al dictamen, argumentando que afecta a las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Minaya exhorta al Congreso a priorizar los temas urgentes del país, como el hambre y la inseguridad ciudadana, en lugar de perseguir a organizaciones que realizan una labor valiosa.
Presentarán acciones legales
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió que si la norma es aprobada, se iniciarán procesos legales en los fueros internos del Perú, ya que considera que la norma es inconstitucional. Rivera señala que las organizaciones apoyadas por ayuda internacional son auditadas por diversas agencias, lo que garantiza su transparencia y lo que busca el Congreso es hostigar a la APCI y perseguir y reprimir a las ONG, creando una «lista negra» de organizaciones que denuncian abusos del Estado.
“Toma tiempo, pero ese es el camino que corresponde, más allá del proceso de movilización y protesta ciudadana. Lo que en realidad se quiere es una lista negra de organizaciones sociales y ONG que denuncian abusos del Estado”, aseguró.